Puig y Ribó mienten sobre la construcción ilegal del hospital privado de sus financiadores en un edificio protegido

Cristina Seguí

04/08/2022 12:50

El pasado 14 de julio, EDATV avanzó en exclusiva que Joan Ribó y Chimo Puig habían dado permiso a los financiadores de sus campañas electorales, a la SL, HOSPIMAR 2000, para construir un hospital privado de la cadena IMED en pleno corazón de Valencia, y que la sede elegida para el levantamiento del centro había sido el antiguo edificio de Iberdrola situado en la calle de Isabel la Católica, un edificio y una zona protegidas por la Declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Valencia.

Debido a este hecho, por ley, la actuación de intervención y obras de este edificio, y en esta zona, está estrictamente sujeta y condicionada a la concesión de una licencia urbanística. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en este caso, la construcción de dicho hospital pasa obligatoriamente por obras de demolición y construcción.

Hospimar 2000 no es cualquier empresa, pues está directamente implicada en la trama de financiación ilegal de las campañas electorales del PSPV y de Compromís entre los años 2007 al 2011, hasta el punto que, la mismísima Unidad de Delitos Económicos y Financieros asegura que dicha empresa sanitaria asumió facturas por servicios que en realidad correspondían a actos de campaña de los socialistas de Benidorm y su relación con la empresa Crespo Gomar, la agencia de comunicación que trabajó para el PSOE y que facturó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas como Hospimar 2000 mediante la confección de facturas falsas.

A cambio de estas prácticas irregulares, y como contraprestación, dichas empresas habrían sido adjudicatarias de contratos públicos y trato de favor como pago. Como dice el viejo adagio, "favor con favor se paga", y los favores de Hospimar al PSPV y a Compromís ascendieron a 40.000 euros. La UDEF, que llegó a acreditar la fabricación de facturas para que la empresa sanitaria asumiera los gastos de campaña. Sin embargo y a pesar de las evidencias, la investigación se archivó por tratarse de un asunto prescrito.

Los administradores de HOSPIMAR 2000 SL son los empresarios de Benidorm, Juan Ferri y José Baldo, quienes reconocieron en 2019, que recibieron créditos irregulares de la CAM y que defraudaron a Hacienda en seis ejercicios fiscales, tres de ellos con la consideración de delito, y estuvieron presos en 2013. Fueron condenados a dos años de cárcel por estafar a Bancaja y a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y hoy administran la empresa hospitalaria IMED, de Hospimar 2000, que ha comenzado a levantar un inmenso hospital de forma absolutamente ilegal en la calle Isabel la Católica de Valencia. Un hospital privado construyéndose como inmenso pago concedido por los servicios de financiación de campaña prestados al PSPV entre la calle Cirilo Amorós y la calle Colón, ambas mutiladas urbanísticamente.

 

CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA:

Hace un mes, EDATV tuvo acceso en exclusiva al expediente de Actividades del nuevo hospital a nombre de Hospivalencia 2008 SL, de IMED Valencia, con CIF B98178742, constatando que, a pesar de las obras que se han puesto en marcha para levantar el centro hospitalario, no existe licencia urbanística ni licencia de obras.

Los vecinos se organizaron en la Asociación vecinal Cercle Valencia Centre, e interpusieron sendas denuncias los días 5 y 7 de julio, comunicando que en la actividad de la zona se estaban realizando obras. Como consecuencia de ello, Joan Ribó, contestó a los vecinos que sus técnicos efectuaron una visita a la obra el 18 de julio de 2022 para "comprobar los hechos denunciados", pero que "no se pudo acceder al interior de la actividad por encontrarse los accesos cerrados/vallados y al llamar a las puertas no se obtuvo respuesta".

Este medio ha confirmado la falta de veracidad de dicha respuesta reflejada por el consistorio en documento oficial el pasado 29 de julio de 2022 en una comunicación a la asociación de vecinos, por lo que Ribó y su concejal de actividades, Lucía Beamud, así como el técnico firmante, podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental, ya que, como puede verse en el vídeo adjunto, este medio realizó la misma visita a las obras del futuro hospital en las mismas fechas, entrando nuestros redactores en el lugar sin problemas alguno, y comprobando in situ que las obras son ingentes, y van a gran velocidad a pesar de la falta de licencias para tal actividad.

Como se demuestra en el vídeo, los representantes de IMED hablaron con nuestra redactora, si bien es cierto que fueron incapaces de mostrar la licencia, y admitieron, como puede escucharse en la locución, que los administradores de la empresa siguen siendo Ferri y Baldo, y que las instalaciones deberían estar levantadas y funcionando en un año como plazo máximo.

 

HOSPIMAR 2000, EMPRESA UNGIDA POR PUIG:

Hospimar 2000 SL siempre ha contado con los favores del PSPV: Bancaja se hizo con el 31% del grupo sanitario cuando el vicepresidente de la caja bancaria era el tesorero del PSPV, Pepe Cataluña, y desde 2015, fecha en la que Chimo Puig accede al poder, todavía más.

La investigación judicial demostró que Hospimar 2000 ingresó desde el acceso de Puig a la Generalidad 9 millones de euros públicos mediante el plan de choque de listas de espera puesto en marcha por la Consejería de Sanidad, entonces en manos de la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón. De hecho, durante su época en la Consejería valenciana de Sanidad, la nueva ministra envió a enfermos de varios hospitales públicos a hospitales del grupo Hospimar. En concreto, se trató de enfermos del Hospital General de Elda, del Hospital General Universitario de Alicante, del Hospital de Orihuela, del Hospital Universitario del Vinalopó, o del Universitario de Sant Joan de Alicante enviados al servicio de Radioterapia del hospital IMED Elche.

En 2020, en plena pandemia, 3 millones del trámite de emergencia durante el estado de alarma puesto en marcha por Puig, fueron adjudicados a Hospimar, convirtiéndose en el grupo sanitario que mayor inversión pública recibe. El actual presidente de la Generalidad Valenciana, destinó al mes casi 190.000 euros al mes a este grupo.

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